La Fiscalía General del Estado de Puebla a través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), rescató a una joven secuestrada, estudiante de la Universidad Anáhuac, deteniendo en flagrancia a cinco personas que conformaban la banda delictiva responsable del hecho.
Cabe señalar que entre los detenidos se encuentra el joven de 21 años Valerio de Jesús Luna González, compañero de escuela de la víctima e hijo del exregidor del Ayuntamiento de Córdoba Valerio Luna Ayala, quien fungió durante la administración del exalcalde Juan Lavín Torres.
El 28 de abril del año en curso, la estudiante salió de su domicilio a bordo de su vehículo con dirección a Plaza San Diego, donde se quedó de ver con un amigo de nombre Jaime para tomar un café. Posteriormente decidieron ir a otra plaza comercial. En el trayecto, Jaime ingresó a una farmacia donde supuestamente compró medicamentos y le pidió a la joven regresar a Plaza San Diego para recoger a un amigo.
Al llegar al punto, Jaime, quien conducía el auto, le comentó a la víctima que llevarían a su amigo hasta su domicilio, por lo que el amigo abordó la unidad por la parte trasera y al ir circulando, puso una gasa en la nariz de la víctima quien después de forcejear perdió el conocimiento, siendo trasladada a una casa de seguridad en el municipio de Juan C. Bonilla.
Ese día, familiares de la víctima recibieron un mensaje vía Whatsapp, en el que se manifestó que la joven estaba secuestrada y se exigía la cantidad de 500 mil pesos a cambio de dejarla en libertad. Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), se iniciaron de forma inmediata las primeras indagatorias y se dio intervención al personal especializado en asesoramiento y manejo de crisis, quien en todo momento acompañó a la familia durante la etapa de negociación.
El 29 de abril, se acordó con los secuestradores entregar 20 mil 300 pesos como primer pago, por lo que un familiar dejó la cantidad pactada en el lugar que le indicaron en la lateral de la recta a Cholula con dirección a Puebla debajo del primer puente de la UDLA.
Aun y cuando los familiares siguieron las indicaciones dadas por los captores, estos no liberaron a la víctima y manifestaron que si querían volver a verla debían pagar la solicitud inicial de 500 mil pesos, situación que incrementó la posibilidad de que la víctima conociera a sus captores, y esto elevaba el riesgo de que la privaran de la vida.
El mismo 29 de abril, agentes de investigación adscritos a la FISDAI, localizaron en la Calle 2 Poniente frente al número 520 de San Pedro Cholula, el vehículo de la víctima, y en su interior se hallaron indicios que fueron embalados para su debido análisis.
Mediante diversas acciones de inteligencia y reacción, desarrolladas de manera conjunta entre agentes de investigación, agente del Ministerio Público y peritos, todos adscritos a la FISDAI, se logró obtener la ubicación exacta de la casa de seguridad que era utilizada por los secuestradores para ocultar a la joven estudiante, confirmando el domicilio en calle privada 2 de Abril sin número, junta auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla.
Tras el riesgo de que la víctima fuese privada de la vida por sus captores, la noche del 02 de mayo se implementó un operativo contemplando las medidas de seguridad que el caso ameritaba, logrando el rescate de la joven estudiante sin causar daños a civiles. Fueron detenidos en flagrancia delictiva:
Jaime Alberto Cruz Arellano, de 24 años de edad, que ya había sido dado de baja de la Universidad Anáhuac pero que fue anteriormente compañero de la víctima; Carlos García Miranda, alias “El Charly”, de 34 años, originario del Estado de México; Octavio Actecal Ixehuatl, de 27 años, originario de San Mateo Cuanalá, Puebla; Saúl Suarez Atempan, alias “El Chuy”, de 21 años, originario de San Mateo Cuanalá, Puebla; además del veracruzano Luna González.
Se les aseguró un vehículo VW tipo Bora, con placas de circulación XWA-9774 del Estado de Tlaxcala, así como la cantidad de 246 mil pesos.
Los asegurados están a disposición del agente del Ministerio Público y una vez que se desahoguen las pruebas recabadas, se ejercitará acción en su contra por el delito de secuestro.
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