La principal línea de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán apunta a la posibilidad de que funcionarios federales responsables de las prisiones del país –entre ellos el ex director del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, y el director técnico de la misma cárcel, Librado Carmona García–, habrían otorgado información confidencial a los abogados del narcotraficante sobre los planos del centro carcelario y otros documentos confidenciales, informaron fuentes gubernamentales.
Hasta el momento los fiscales han interrogado al menos a 49 personas, entre custodios, el ex director del penal, así como altos funcionarios del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a un supuesto propietario del predio en el que se encuentra la bodega de la que partió el túnel por el que escapó Guzmán Loera.
Los fiscales designados solicitaron a un juez federal la intervención de comunicaciones privadas de familiares y personas del círculo cercano de Guzmán, especialmente de su actual esposa y de sus ex cónyuges, a quienes también se les han revisado sus comunicaciones por redes sociales y correos electrónicos.
Como parte de las pesquisas, los familiares de El Chapo y al menos tres de los abogados que encabezaron su defensa legal mientras estuvo en prisión (de febrero de 2014 al sábado pasado) serán citados a declarar en calidad de testigos, añadieron los funcionarios consultados.
De su lado, el abogado de varios de los custodios que permanecen retenidos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), quien se identificó como Juan Sánchez Jiménez, dijo ayer que la mayoría de los vigilantes quedarán en libertad en las próximas horas, ya que supuestamente no hay pruebas en su contra. El litigante informó que tras rendir su declaración un custodio, una empleada administrativa del penal y el hermano del presunto dueño del predio por donde habría escapado el capo ya fueron puestos en libertad. Además, dio a conocer que un juez federal otorgó ayer una suspensión en vía de amparo a siete de los detenidos, y que mediante esa resolución el juez instruyó a la PGR cesar cualquier acto de incomunicación contra los custodios.
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